Los grupos parlamentarios han adelantado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley elevada por la Asamblea de Madrid para debatir el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual a quienes la decisión de un juez ha privado de sufragio, unas 100.000 personas en todo el país según los datos disponibles.
La iniciativa ha sido defendida por una delegación de diputados de la Asamblea de Madrid aprovechando la figura del Reglamento del Congreso que permite a los parlamentos regionales someter a consideración de la Cámara Baja asuntos de índole nacional que tengan impacto en la vida de una comunidad autónoma. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en Madrid, donde 12.000 personas con discapacidad están privadas de derecho a voto.
La proposición de Ley pide al Congreso la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) eliminando los apartados b) y c) de su punto primero y suprimiendo el segundo. Son los que establecen que carecen de derecho de sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».
Asimismo, insta a añadir una disposición adicional séptima a la citada ley según la cual, a partir de la entrada en vigor de esta modificación para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queden «sin efectolas limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente» en los apartados suprimidos. Según los datos que manejan los grupos, en España hay más de 96.000 sentenciad de este tipo en vigor.
«Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial delEstado», añade la iniciativa.
Para el diputado regional del PP Alfonso Serrano, se trata de abrir el debate porque hay «dudas razonables» en el modo de acometer la reforma. «¿Es viable hacer desaparecer 100.000 sentencias judiciales con una reforma de la LOREG? ¿Son necesarias otras reformas para garantizar algo en lo que podemos estar todos de acuerdo?», ha planteado, para incidir en que si existe «voluntad» en el Congreso, estas dificultades son salvables.
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